Braskem Idesa inicia proceso de reestructuración financiera bajo Capítulo 11
La petroquímica Braskem Idesa ha solicitado acogerse a la protección del Capítulo 11 en Estados Unidos ante las dificultades operativas en su planta Etileno XXI.
La empresa petroquímica Braskem Idesa, operadora del complejo Etileno XXI ubicado en Veracruz, ha iniciado formalmente un proceso de reestructuración financiera bajo la figura del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Esta medida busca proteger la continuidad operativa de la compañía mientras negocia acuerdos con sus acreedores internacionales y ajusta su estructura de deuda ante los desafíos que ha enfrentado el proyecto en años recientes.
El núcleo de la problemática reside en el complejo Etileno XXI, el cual ha operado de manera intermitente y por debajo de su capacidad instalada de diseño. La planta, que requiere suministros constantes de etano para mantener sus procesos de producción de polietileno, ha enfrentado una severa escasez de materia prima, cuya provisión depende de contratos de largo plazo que han sido objeto de revisiones y disputas contractuales con Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Fuentes cercanas a la compañía señalan que la falta de un flujo constante de insumos ha impedido que la planta alcance los niveles de eficiencia previstos originalmente. Esta situación ha impactado significativamente los estados financieros de la empresa, obligándola a buscar una salida legal que le permita renegociar sus compromisos financieros sin detener las actividades esenciales en sus instalaciones del sur del país.
La Secretaría de Energía ha mantenido un monitoreo constante sobre la situación de los contratos de suministro de etano en el sector petroquímico nacional. Por su parte, la empresa ha indicado que su intención es mantener la operación del complejo durante todo el periodo que dure el proceso judicial, buscando garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores y la continuidad del suministro hacia sus clientes industriales en el mercado nacional.
Este proceso de reestructuración marca un punto crítico para uno de los mayores proyectos de inversión privada en el sector petroquímico mexicano de la última década. La resolución de este conflicto legal y operativo será fundamental para definir el futuro de la producción de plásticos en la región y la relación comercial entre el sector privado y las entidades energéticas del Estado mexicano.
