Extorsión afecta hasta cinco por ciento la cadena productiva del aguacate
El pequeño comercio advierte que la inseguridad encarece el fruto y propone integrar la exportación en estrategias de seguridad.
La extorsión en las zonas productoras de aguacate ha impactado hasta un cinco por ciento en los costos totales de la cadena de valor, según estimaciones del sector del pequeño comercio en México. Este fenómeno, que afecta desde la cosecha hasta la comercialización en los mercados locales y de exportación, se ha convertido en un desafío crítico para los productores y distribuidores que buscan abastecer la alta demanda, incluyendo la temporada del Super Bowl.
Representantes del gremio comercial señalaron que la inseguridad en las regiones de mayor producción, principalmente en Michoacán, genera sobrecostos operativos derivados de la necesidad de implementar medidas de protección adicionales. Esta situación impacta directamente en el precio final al consumidor y reduce los márgenes de utilidad para los pequeños productores, quienes enfrentan presiones constantes por parte de grupos delictivos que buscan controlar el flujo del fruto hacia mercados internacionales.
Ante esta problemática, las organizaciones comerciales han propuesto que la exportación del aguacate sea integrada formalmente dentro de las estrategias de seguridad nacional coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La propuesta sugiere que, al blindar las rutas de exportación con presencia de la Guardia Nacional, se podría garantizar no solo la competitividad del producto mexicano en el extranjero, sino también la estabilidad de los precios internos al reducir el riesgo de intermediación forzada.
El pequeño comercio enfatiza que la problemática trasciende el ámbito económico, pues la extorsión desincentiva la inversión en infraestructura agrícola y altera las dinámicas laborales en las zonas rurales. Los comerciantes subrayan que cualquier estrategia de contención debe considerar la participación activa de las autoridades estatales para desarticular las redes que operan en los centros de acopio y empaques, donde el control delictivo se vuelve más evidente.
Finalmente, el sector hizo un llamado al gobierno federal para entablar mesas de diálogo que permitan blindar la cadena productiva antes de las temporadas de alta demanda comercial. La meta es establecer protocolos de vigilancia en las zonas críticas que aseguren el libre tránsito del aguacate desde la huerta hasta los puntos de salida, evitando que el costo de la inseguridad siga siendo trasladado al consumidor final y a la economía de los pequeños productores.
