Año 2026 · Nº 9482
La Gaceta del Norte

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México

Kenia López acusa a Luisa María Alcalde por exhibir cuentas críticas

La senadora Kenia López Rabadán señaló a la consejera jurídica de la Presidencia por difundir una lista de cuentas críticas, calificándolo como una falta ética.

Redacción La Gaceta del Norte
Foto: excelsior.com.mx

La senadora Kenia López Rabadán cuestionó este sábado el actuar de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, tras la difusión de un listado que identifica a 120 cuentas de redes sociales catalogadas como críticas hacia la actual administración federal. La legisladora argumentó que este tipo de acciones desde el Poder Ejecutivo representan un exceso que vulnera el ejercicio de la libertad de expresión y los estándares democráticos en el país.

De acuerdo con la postura expresada por la senadora desde el Senado de la República, el uso de recursos y plataformas gubernamentales para señalar a ciudadanos por sus opiniones políticas o críticas hacia las políticas públicas constituye una transgresión a los límites éticos del servicio público. López Rabadán enfatizó que la función de la Consejería Jurídica debería centrarse en la legalidad y el apoyo técnico al Presidente de la República, en lugar de realizar tareas de monitoreo sobre la opinión pública digital.

Por su parte, el equipo de la Consejería Jurídica ha sostenido en diversas ocasiones que la transparencia y la comunicación directa son pilares de la gestión actual. Argumentan que el monitoreo de las narrativas en redes sociales permite al gobierno federal comprender mejor las inquietudes de la ciudadanía y responder ante la desinformación que pudiera circular en el ecosistema digital, sin que esto implique una persecución contra usuarios particulares.

El debate sobre los límites de la comunicación oficial frente a la crítica ciudadana se mantiene vigente en la agenda legislativa. Mientras sectores de la oposición exigen que la administración federal cese el uso de listas de seguimiento, voceros del gobierno han reiterado que no existe intención de censura y que el derecho a disentir está garantizado, aunque insistieron en la importancia de combatir lo que denominan campañas de desprestigio organizadas.

La controversia ha escalado a nivel mediático y político, provocando reacciones diversas entre legisladores de distintos grupos parlamentarios. Se espera que el tema sea abordado en las próximas sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se prevé que la oposición solicite un informe detallado sobre los criterios utilizados para la elaboración de este tipo de reportes y el destino de los recursos empleados para su ejecución.

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