La caída de la fecundidad en México desafía las políticas públicas actuales
El descenso sostenido en las tasas de natalidad en México y América Latina plantea un reto estructural que las secretarías de Estado aún no logran integrar en sus agendas de desarrollo.
La drástica caída de la fecundidad en América Latina y México se ha consolidado como un fenómeno demográfico de largo aliento que, hasta la fecha, carece de una respuesta coordinada entre las distintas secretarías de Estado. Mientras el INEGI reporta una tendencia descendente en el número de nacimientos desde hace años, la falta de una política pública transversal ha dejado este tema en un vacío administrativo, donde ninguna dependencia asume la responsabilidad de adaptar los servicios sociales a una población que envejece con mayor rapidez.
El problema central radica en que la planeación gubernamental suele reaccionar a la inmediatez de los presupuestos anuales, ignorando proyecciones que requieren décadas para materializarse en cambios significativos. Expertos en demografía señalan que la transición hacia una sociedad con menos niños y más adultos mayores exige una revisión profunda en la capacidad operativa de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, así como en el diseño de los Programas de Bienestar, que hoy se enfocan en una pirámide poblacional distinta a la que se proyecta para los próximos veinte años.
Históricamente, el debate sobre la natalidad se limitó a programas de salud reproductiva y planificación familiar, pero el escenario actual exige un enfoque multidimensional. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberían colaborar en estrategias que atiendan la sostenibilidad del sistema de pensiones y la productividad laboral, temas que se ven directamente afectados por el cambio en la estructura demográfica del país.
Desde diversos sectores académicos se ha propuesto que la Cámara de Diputados y el Senado de la República establezcan una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar el impacto económico a largo plazo de este descenso en la fecundidad. El objetivo sería transformar la visión asistencialista actual hacia una política de desarrollo sostenible que contemple la inversión en capital humano, la automatización de la industria y la adaptación de la infraestructura urbana a una población con mayor esperanza de vida.
La ausencia de un liderazgo claro en esta materia genera una incertidumbre sobre cómo el Estado mexicano enfrentará la presión fiscal derivada de una fuerza laboral menor sosteniendo a una base creciente de jubilados. Sin una estrategia nacional que trascienda los periodos administrativos, México corre el riesgo de enfrentar una crisis de desarrollo donde las soluciones lleguen cuando la ventana de oportunidad demográfica ya se haya cerrado por completo.
