Mercado ilícito de tabaco impacta al erario con 35,000 millones de pesos
La venta ilegal de cigarros en México erosiona la recaudación fiscal a pesar de los incrementos en el IEPS, según expertos del Colmex.
La recaudación fiscal mexicana enfrenta una presión significativa debido a la proliferación del comercio ilícito de tabaco, el cual se estima podría representar una pérdida de hasta 35,000 millones de pesos anuales para el erario público. A pesar de los constantes ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que la SHCP aplica para desincentivar el consumo y aumentar la recaudación, el mercado informal ha logrado evadir estas medidas mediante estructuras comerciales complejas que operan al margen de la ley.
Investigadores del Colegio de México (Colmex) advierten que el crimen organizado ha consolidado una estrategia mixta para mantenerse vigente en el mercado nacional. Esta táctica combina la importación de productos de contrabando con el establecimiento de plantas de fabricación local clandestinas, lo que genera una competencia asimétrica frente a las empresas tabacaleras que operan conforme a la regulación sanitaria y fiscal vigente en el país.
El análisis académico señala que esta dinámica no solo afecta las arcas de la Federación, sino que también complica las labores de vigilancia de la Secretaría de Salud y del SAT. La falta de control sobre estos productos implica que no existe garantía alguna sobre los componentes químicos presentes en los cigarrillos, lo que representa un desafío adicional para las políticas de salud pública implementadas a través del IMSS-Bienestar.
La estrategia del sector informal se ha adaptado rápidamente a los cambios en la política tributaria mexicana. Al ofrecer precios significativamente menores a los del mercado formal, estos grupos logran captar a un segmento importante de la población, dificultando que las autoridades logren el impacto recaudatorio proyectado originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación.
Especialistas coinciden en que la solución requiere un enfoque integral que trascienda la política fiscal. Se requiere una mayor coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades aduanales para frenar el ingreso de mercancías ilícitas, así como un esfuerzo de inteligencia financiera para desmantelar las cadenas de distribución que operan en diversas entidades federativas del territorio nacional.
